Los profesores asociados – 22.871 profesores en España, el 23,6% de la plantilla en el curso 2016-17 y en incremento desde que empezó la crisis- son el último eslabón de la cadena de precariedad de las Universidad pública española, en la que hay «profesores pobres», según la definición del presidente de los rectores, Roberto Fernández. Las universidades han perdido un 27,7% de la inversión pública durante la crisis hasta 5.789 millones y durante cinco años tuvieron prohibido sustituir a todos profesores que se jubilaban. Los asociados, legalizados desde 1983 como profesionales de reconocido prestigio a los que fichar de forma temporal para contar con su experiencia, se han convertido en muchos casos en mano de obra barata para cubrir vacantes durante años y años.
A día de hoy, es imposible saber cuántos de los casi 23.000 asociados existentes cumplen las condiciones que fijan para ellos la ley y cuáles no. Sindicatos como CCOO estima que son la mitad. La conferencia de rectores españoles, la CRUE, que anuncia un informe para detectarlos, augura que son casos minoritarios. Sí se sabe que hay parte -los llamados falsos asociados- que ni siquiera tienen un trabajo fuera y se dan de alta como autónomos para poder estar en la universidad. Y otros que encadenan contratos desde hace lustros o décadas, que cambian de asignaturas de forma habitual y que realizan casi la misma labor que un docente universitario de plantilla por tres o cuatro veces menos sueldo.
Su realidad, y sus nóminas, varían de una comunidad a otra, de un campus a otro. Imparten entre tres y seis horas semanales de clase (y otras tantas en tutorías) y cobran desde cerca de 300 euros a una media de 600, a los que algunos convenios suman suplementos por antigüedad o por doctorado. El Parlamento Europeo ha llamado la atención a España por este asunto.